Sorprendentemente, el Colegio de Arquitectos se ha equivocado de interlocutor. J. E. Munera en el diario INFORMACION, nos ha ofrecido una reseña de la reunión mantenida entre el Colegio de Arquitectos y el urbanizador de Rabasa, donde nos dice que «... las declaraciones de Rivera tras la reunión: "Es positivo que el urbanizador, además de explicar los cambios en el proyecto, pida la colaboración del Colegio para mejorar el contenido de la propuesta". (...) "El promotor va a realizar la intervención más importante de la ciudad en muchos años y hay un cambio de actitud de que quiere hacerlo bien y para ello quiere contar con los arquitectos, que son los que diseñan la ciudad". (...) "Más que de modificaciones [del proyecto inicial] hemos hablado de una posible colaboración en el futuro...". (...) "Pensamos, de entrada, que la ciudad no puede crecer así, pero si podemos contribuir a ordenar el futuro de la ciudad, al final saldrá ganando todo el mundo..." agregó la presidenta, que le hizo saber a Ortiz que este paso de pedir opinión debió darlo antes».La noticia dada por la Prensa y otros medios de comunicación relativa a que el Colegio de Arquitectos está dispuesto a colaborar con el urbanizador Enrique Ortiz para intentar mejorar el proyecto, ha causado cierto estupor y sorpresa, a esta parte, por razones que manifestaré a continuación.
Las declaraciones efectuadas desde los representantes del mentado colectivo resultan inesperadas desde la praxis del urbanismo, desde lo que supone el concepto de ciudad y de la teoría de los asentamientos urbanos.

El urbanismo es una función eminentemente pública, sujeta a la ley, al Derecho y al sentido común, y aquí, el adjudicatario o urbanizador-promotor, en síntesis, es una mercantil a la que se le ha adjudicado, por parte de la Administración, la ejecución de unas obras de urbanización del Plan de Rabasa que no dispone, a fecha de hoy, de la aprobación definitiva por el órgano sustantivo.
El adjudicatario tiene una clara finalidad legitimada por la Administración local de conformidad con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y es la de retribuirse suelo de terceros por el trabajo realizado, consistente en la ejecución de las obras de urbanización.
Lamento enormemente que los representantes del Colegio de Arquitectos hayan caído en la estratagema, en la trampa del urbanizador, pues no es interlocutor legítimo. Se le está dotando de una representación que no tiene y que no puede ostentar y con ello, se está haciendo, más público y palpable, la existencia del «urbanismo de promotor».
El único interlocutor válido y permitido con quien mejorar propuestas en esta materia es la Administración local, y el hecho de no saber distinguirlo y dar preeminencia, conduce a tremendas confusiones de los ciudadanos a cerca de quiénes ostentan la potestad urbanizadora a la hora de determinar una actuación urbanística, independientemente de su envergadura. Y esta potestad le corresponde por ley a la Generalidad y al Ayuntamiento en exclusividad.
Las discusiones en las formas de hacer ciudad, en la ocupación edificatoria, en los sistemas de comunicación, en los flujos, etcétera, únicamente se pueden debatir, a través de los instrumentos de planeamiento General y parciales y a través de los procedimientos establecidos en las fases de elaboración de los planes de conformidad con lo establecido por las normas sectoriales que lo regulan y ante la Administración actuante, nunca ante el adjudicatario.
Para nada me sorprende lo recogido en prensa: «Ortiz se declaró satisfecho por la reunión y dijo que su objeto es "tender la mano" al Colegio "para que cualquier inquietud que tenga la podamos tener en cuenta para mejorar el proyecto"». Cómo no estar contento cuando se le atribuyen competencias que son exclusivas de la Administración. El error no es suyo, ha sido de quienes lo han hecho patente a través de sus actos. El adjudicatario ha sido lo suficientemente hábil para que el Colegio de Arquitectos tropezara y éste le tendiera la mano.

Por último, entre las múltiples incoherencias que se han exteriorizado, la expresada por el constructor en relación al tiempo en el que se materializarán las obras, un plazo dado, como mínimo, a 15 años vista y no a cinco como se decía, que le expliquen a los supuestos once mil peticionarios de viviendas protegidas que la adquisición de los inmuebles va para largo, pues como el mismo adjudicatario expresó: «Se ve un proyecto muy ambicioso, pero no es a corto plazo, 15.000 viviendas en 15 años es una cantidad muy asumible».
Para finalizar, las declaraciones del señor Ortiz donde se felicita por el «importante respaldo social» obtenido por un proyecto «que necesita la ciudad y será un ejemplo en toda España», cabe decir que no es de extrañar que esté contento y que pueda ser único en España, pues no creo que prolifere mucho lo de ser juez y parte en un mismo contencioso.