La intervención de Pla, que se produjo sin que ningún periodista preguntara de forma explícita sobre el plan adjudicado al constructor Enrique Ortiz, se produce apenas un año después de que la cúpula del PSPV, con el propio secretario general tildando el proyecto de «inviable», obligara a sus ediles en Alicante a rechazar un proyecto, que avalaron inicialmente, lo que que originó una grave crisis interna con la dimisión de Juan Antonio Román como secretario general, primero; y la destitución de Blas Bernal como portavoz, después.

En presencia de la alcaldable, Etelvina Andreu, el aspirante al Consell dejó claro que, si llega al Gobierno, tiene la intención de «reconsiderar y redefinir» el proyecto porque, dijo, una de las apuestas «principales» de su ejecutivo será resolver la demanda de viviendas de fácil acceso para los ciudadanos. «Puede ser bueno -el plan Rabasa- para Alicante, si se hace bien porque hay una demanda de pisos protegidos a la que vamos a dar prioridad y resolver, así, un problema que ha generado el PP», apuntó el líder socialista que garantizó que, al menos, la mitad de los pisos que se construyan serán de VPO. Pla obvió que de las 15.278 viviendas proyectadas por Enrique Ortiz en el actual plan, más de la mitad, sobre ocho mil, como se recordará, ya figuran como protegidas.

Sin aludir en ningún momento a una retirada del PAI, el dirigente del PSPV sacó a relucir, para justificar este giro en su postura, la lista con más de ocho mil peticiones -investigada actualmente por la Agencia de Protección de Datos- que, en su día, Enrique Ortiz promovió para rebatir a los críticos con el proyecto. «Estoy convencido de que puede ser un buen proyecto, si se hace bien. Porque Alicante tiene un problema clarísimo ya que en la propia iniciativa del actual plan hubo 8.000 peticiones de ciudadanos que querían una vivienda protegida», apuntó el líder de los socialistas valencianos que tampoco citó la negativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la macrourbanización por falta de agua.

Eso sí, en ningún caso, esa nueva propuesta de urbanización para Rabasa contemplaría las 15.000 viviendas ahora previstas -«serían menos», subrayó- y estaría dividida en varios proyectos incluidos en el planeamiento general de la ciudad no al margen, como ahora. «No se puede plantear una nueva ciudad en una actuación única y exclusiva. Tiene que plantearse de manera segmentada, ofrecer como prioridad la VPO y con respeto a su entorno, algo que nadie ha demostrado que se respete con el actual programa de actuación», aseveró.

Incluso, el secretario general del PSPV fue más allá y, desde un planteamiento de evitar la «destrucción del territorio», hizo un guiño a los empresarios de la construcción, alertados desde hace meses por el PP contra los efectos en el ladrillo de un tripartito de izquierdas y nacionalista. «A partir de ahí podemos hacer muchas cosas con la iniciativa privada y, en un momento de ralentización en la vivienda residencial, creo que deben volcarse en la VPO. Saben los promotores que ese es el espacio para mantener la actividad del sector», dijo.

Sabedor, quizá, de la repercusión de su intervención, Pla también se empleó a fondo para rechazar el actual proyecto. El secretario general del PSPV, que recordó el voto negativo de sus ediles pero no hizo referencia al respaldo inicial de los concejales al proyecto adjudicado a Ortiz, en cualquier caso, garantizó que este «replanteamiento» implicará, de forma obligatoria, «respeto» a la sostenibilidad y «no destrozar» el territorio. «Hay un proceso de aprobación de un plan Rabasa, que fue votado en contra por nuestro grupo, porque la concepción, el diseño y la ejecución no responde a la posición del PSPV.?Nosotros tenemos que reconsiderarlo y redefinirlo -insistió- con criterios de sostenibilidad y dando prioridad a la vivienda protegida». «Tal cual está no lo vamos a aprobar, que lo tengan claro», apostilló Pla que se mostró convencido de que el proyecto no tendrá el visto bueno de Territorio en lo que resta del mandato en la Generalitat y que lo gestionará Etelvina Andreu a la que se dirigió con la mirada, para darle paso, aseverando que «estamos en completa sintonía».

La alcaldable habló de la necesidad de vivienda asequible pero evitó zambullirse en el charco de Rabasa. A partir de ahí, todo fueron llamadas de teléfono, idas y venidas y conversaciones para intentar matizar y rebajar el impacto de la intervención de Pla haciendo hincapié en que el nuevo proyecto estaría dentro del plan general o en la prioridad para la vivienda protegida. Entre los dirigentes del socialismo alicantino cundió el desánimo por unas declaraciones que devuelven a la formación al debate interno y a los mismos enfrentamientos con sectores sociales de hace un año.

El mismo desconcierto que la intervención del líder socialista causó en su partido originó en los cuarteles generales de las formaciones que pueden ser socias de Pla en el Consell, la administración que tiene la última palabra sobre política urbanística y aprobación de planes. El alcaldable de EU, José Antonio Fernández Cabello, volvió a rechazar el proyecto y criticó a Pla porque con «sus continuos cambios de postura se sitúa al nivel del PP que siempre ha justificado el citado plan por la VPO». Antoni Arques, del Bloc, lamentó el «giro» de Pla y criticó que «la política del PSPV en este asunto sopla a favor del urbanismo del PP». También Vecinos por Alicante cargó contra los socialistas.